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Hubo 1.813 denuncias, y se solicitaron más de seiscientas órdenes de protección. Galicia mantiene la segunda tasa más baja del Estado con 13 víctimas por cada 10.000 mujeres

813.  Es la cifra de denuncias por violencia de género que recibieron los juzgados de esta especialidad en el segundo trimestre del año. Esto supone una subida interanual del 9,9% respecto al mismo período del 2021. También aumentó el número de mujeres víctimas, que fueron un total de 1.811 (un 10,7 % más que un año antes).

Con todo, Galicia es la segunda comunidad con la tasa de violencia machista (víctimas por cada 10.000 mujeres) más baja, un 13, lejos del 18,4 de la media estatal, y solo por detrás de Castilla y León (11,6). 

Según los datos estadísticos hechos públicos hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la mayoría de esas más de 1.800 denuncias (en concreto, un 73 %) fueron presentadas a través de atestados policiales con denuncia de la víctima. Además, se redujo el número de víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar. Fueron 97, un 10,2 % menos que el año anterior.

Durante los meses de abril, mayo y junio, se solicitaron en los juzgados de violencia sobre la mujer 486 órdenes de protección (un 4,7 % menos que en el mismo período el año anterior). A mayores, en el resto de juzgados de guardia sin competencias específicas se pidieron 126 órdenes (un 16,7 % más). En total, fueron 612 las órdenes de protección solicitadas.

En cuanto a la actividad judicial, en el segundo trimestre del año los juzgados de violencia sobre la mujer, los juzgados de lo penal y las audiencias provinciales dictaron 593 sentencias en procesos de violencia machista, de las cuales el 84 %, fueron condenatorias (498). 

Juzgados de menores 

En el segundo trimestre de este año los juzgados de menores enjuiciaron a cuatro personas por delitos relacionados con violencia sobre la mujer, mientras que el año anterior solo fue juzgada una persona en el mismo período.

Además, creció de manera llamativa el número de casos en los que hubo una suspensión del régimen de visitas del agresor a los hijos que comparte con la víctima. Esta medida se adoptó en 39 ocasiones, lo que supone un 225 % más que en el segundo trimestre del año pasado, cuando solo fueron 12. El motivo: las modificaciones legales introducidas en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.